Distintas estimaciones coinciden en que la suma de ahorro en manos privadas (fuera del sector productivo), superan los 250.000 millones de dólares. Síntoma inequívoco que, no de ahora, sino desde hace muchas décadas, Argentina no acierta el rumbo.
El Mercado de Alquileres puso en evidencia nuevamente que, ante cualquier intervención, retrae su oferta. Algo para nada nuevo y que no pueden desconocer al menos, los memoriosos y claro está, los profesionales del sector inmobiliario.
Si solo un 10% de la suma aludida como ahorro privado, sería factible de ser captada para esta finalidad, es decir, sumar viviendas ofrecidas en alquiler; repercutiría en forma favorable en el castigado mercado de alquileres y sobre todo en el bolsillo del inquilino.
Con solo acertar con el Plan a proponer; se puede poner en marcha uno de los motores más importantes de la actividad (construcción/inversión). Eso es, un verdadero Régimen de Promoción de Viviendas, que para su consolidación debe ser equitativo en cuanto a las condiciones que se brinden desde el Estado como las que se requieran de parte de los inversores. El compromiso del inversor debe consistir en mantener por lo menos 10 años, la vivienda con destino de alquiler. Pero el Estado debe acompañar por el mismo lapso de tiempo con una política de impuestos que motive a dicha inversión, con un verdadero fomento tributario. Acá está la clave, en la proporcionalidad entre lo requerido y lo ofrecido.
De otro modo, con un régimen impositivo parcial o por tiempo acotado, que contemple solo, ya sea el período de construcción (por ejemplo, IVA a los materiales), o impuestos emergentes de la adquisición (en caso de viviendas usadas); no será suficiente para atraer esos capitales. Se hace sumamente necesario que nuestros Legisladores, además de modificar condiciones contractuales en los alquileres; pongan el foco sobre una verdadera política de promoción para viviendas destinadas al mercado de alquileres, con intervención de capitales privados.
Lo mejor que puede hacer un Gobierno a favor de la política habitacional, es transferir al sector privado y su capital, la iniciativa tendiente a aminorar el déficit habitacional. Pero con un incentivo fiscal con mayúsculas, redituando mucho más de lo que propone la actual asfixia tributaria; que invita a no hacer.
Si bien la antigua Ley de alquileres, N° 23.091, del año 1984, contempló en su articulado una iniciativa a este respecto. Sus términos no fueron lo suficientemente motivadores. Seamos capaces de mejorar lo hecho y por sobre todo respetar en el tiempo este tipo de acciones.