Este año el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Quilmes (Quilmes, Berazategui y F. Varela), cumplió 30 años desde su creación. Ello es coincidente con el desmembramiento del antiguo mapa judicial y creación de los nuevos distritos en la Provincia de Buenos Aires. En mérito a lo dictado por nuestra propia ley 10.973 (Antes Ley 7021), en cada Departamento Judicial debe funcionar un Colegio de Martilleros y Corredores.
La idea de los legisladores y constitucionalistas que a fines de los `80 produjeron la partición de la Provincia en varios Departamentos Judiciales (hoy son 20), ha sido la de “acercar la Justicia” al ciudadano bonaerense. Siguiendo esa línea de pensamiento, en concordancia con la creación de los Colegios Profesionales en los que el Estado provincial ha delegado, justamente, el control del ejercicio profesional, podemos decir que la idea de que en cada Distrito Judicial haya un Colegio de Martilleros y Corredores va en ese sentido. Estar cerca de los matriculados, no sólo para controlar su ejercicio de la profesión, sino también para representarlos ante las nuevas circunstancias que se agregan permanentemente en la actividad tanto del Martillero subastador cómo en la del Corredor público inmobiliario.
Con el alumbramiento del siglo XXI no solo aparecieron nuevos flagelos de la actividad inmobiliaria –provincial y nacional-, como las empresas de franquicias, creadas originalmente para vender hamburguesas, ropa, relojes, hotelería, cafés, papas fritas y comida rápida en gral., y que luego en forma caprichosa desembarcan en una actividad profesional como lo es el corretaje inmobiliario. Esta vorágine del “nuevo siglo”, que introduce formas de intermediación inmobiliaria no contempladas por las leyes, no es acompañada con la misma urgencia que requiere el trabajo profesional, “aggiornando” esas leyes que regulan la actividad. “Las franquicias son solamente comerciales, no profesionales”. Que sepamos, el corretaje inmobiliario hace mucho tiempo que salió del Registro Público de Comercio, para incorporarse a las profesiones Liberales Académicas Universitarias.
Pero en estos 30 años no sólo aparecieron las franquicias cómo los nuevos enemigos de la profesión. También, algunas empresas desarrolladoras venden “sus” departamentos recién construidos, y –ya que están-, aprovechan la circunstancia vendiendo unidades de terceros, intermediando en una actividad que les está legalmente prohibida.
De todas maneras, en estos años hubo un denominador común que prohijó la mala praxis de quienes no tienen la capacidad técnica, jurídica y ética para ejercer la profesión: el propio Estado. Así es. Con honrosas excepciones, los estados provinciales y municipales, nunca se metieron con el ejercicio profesional de los indeseables que la Ley no contempla. Son pocos los Municipios de Buenos Aires que promulgaron ordenanzas que prohíben la intermediación inmobiliaria de empresas de franquicias. Algunos jueces fallaron en el mismo sentido, condenando, además, al Corredor Inmobiliario que había “prestado” su matrícula a la franquicia. Pero, fuera de varios fallos adversos a esas empresas y “colegiados franquiciados”, con el agregado de Municipios que entendieron el problema sancionando ordenanzas acordes, aún falta legislación de fondo que ordene este desquicio jurídico. Felizmente, la Suprema Corte de Justicia de la P. B.A. comienza a poner un poco de orden en el tema franquicias inmobiliarias. Pero hubo de correr bastante agua hasta que se comenzó a sentar jurisprudencia en varios fallos favorables a los Colegios de Martilleros.
En otro orden de cosas, digamos que desde que se promulgó la Ley Nacional 25.028, que instituye la carrera universitaria como requisito para el ejercicio del Martillero y/o Corredor, ha dejado de tener virtualidad jurídica la habilitación municipal de oficinas inmobiliarias, como tampoco lo es para estudios jurídicos, de arquitectura, escribanías, psicólogos, veterinarios, contadores, etc. No obstante, aún existe tal exigencia en algunos municipios de la Provincia. Esperamos que, con el tiempo, los Intendentes comprendan que el control del ejercicio profesional lo realizan los Colegios, por lo cual no es exigible la habilitación municipal; aunque justo es decirlo, en nuestro distrito ninguno de los tres Municipios –Quilmes, Berazategui y Varela- exige habilitación de inmobiliarias.
También en el “frente interno” debemos avanzar hacia el modernismo. Nuestra actividad profesional en la Provincia de Buenos Aires es la única del País que cuenta con Caja de Previsión Social propia, similar a abogados y otras profesiones. Es verdad que el haber jubilatorio en este momento no es el deseable, pero también es cierto que la nuestra es una Caja de reparto y al momento se observa una evasión del 55%, es decir, que de unos 9 mil colegiados, sólo aportan regularmente unos 4 mil cincuenta martilleros. Aún así, el Servicio de IOMA que la Caja presta a sus jubilados sigue siendo uno de los mejores del país.
De todos modos, estamos hablando de una Caja Previsional que ya tiene 60 años desde su creación, cuando también aquí, nuestros pioneros de la Previsión Social para martilleros y corredores, comprendieron la necesidad de contar con un ente previsional apartado de los manejos políticos del Estado, alineado con la creación de los colegios que se produjeron a lo largo y ancho del país.
Al fin y al cabo es verdad, 30 años no es nada comparado con la historia de un país y de una Provincia en la que hace algo más de sesenta años casi cualquier persona podía intermediar en compraventa de inmuebles o subastarlos, contando con mínimas exigencias del Estado. No obstante, fue el mismo Estado como ordenador del Contrato Social, quien impulsó las primeras leyes que comenzaron a regular la actividad inmobiliaria y la del subastador judicial.
Coincidiremos en que todavía falta mucho por hacer: entre otras cosas, terminar con las empresas de franquicias del mercado inmobiliario; un más eficaz control de la ilegalidad; una Caja de Previsión donde todos aporten lo que la ley ordena para tener una jubilación honorable; las oficinas inmobiliarias controladas solamente por los Colegios y no por los Municipios; poder de policía a los Colegios para el control profesional; y varios etcéteras que podríamos agregar.
Sin embargo, pensemos un momento en la posibilidad de que no existieran los Colegios Profesionales, y todo el mundo pudiera dedicarse a la profesión que más le agrade, sin por ello tener que someterse a legislación alguna. Impensable, ¿verdad?. Nuestra profesión es parte indisoluble de la trama social, que en forma continua necesita revisar, fijar, acomodar, adecuar, sus leyes para el mejor funcionamiento de las relaciones humanas. Es ese Contrato Social el que en definitiva marcó el camino del cumplimiento con la máxima russoniana que dio origen a la convivencia entre personas.
Un Colegio Profesional de 30 años no es gran cosa; sólo un pequeño eslabón en esta cadena de la organización nacional que hoy llamamos República.