(Por: Darío Casas) A pocos meses de las elecciones primarias, consideramos que la medida propuesta carece de fundamentos constitucionales, y parece tener un carácter electoralista. Esta iniciativa desafía tanto las leyes provinciales como las leyes nacionales, y se basa en una interpretación malintencionada del Artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional.
¿Realmente quieren hacernos creer que cuando se redactó dicho artículo, se estaba pensando específicamente en regular los contratos de alquiler?
La responsabilidad de garantizar el acceso a una vivienda digna para las familias recae en el Estado, no en el sector privado.
Para cumplir con esta responsabilidad, existen instituciones como: el Fonavi, el Fondo provincial de Vivienda, los Créditos Hipotecarios de la banca privada, el Banco Hipotecario Nacional y, sobre todo, el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Lamentablemente, ninguna de estas instituciones está ofreciendo soluciones efectivas al problema de la vivienda. El presupuesto del Fonavi se destina mayormente a sueldos, el fondo provincial de vivienda se encuentra desarticulado, y tanto la banca privada como la estatal carecen de créditos accesibles para vivienda.
¿Acaso los martilleros y corredores de la Provincia de Buenos Aires son los culpables de los constantes cambios en las reglas de juego y de la situación de hiperinflación? ¿Son los responsables del fracaso de una Ley de Alquileres que fue aprobada hace menos de tres años? Le solicitamos al Senador Durañona y Vedia que deje de implementar medidas improvisadas y con fines electorales que perjudican tanto a los inquilinos como a los propietarios y a los profesionales inmobiliarios. Agradeceríamos que se comprometa a trabajar en serio para encontrar soluciones concretas a los problemas que enfrentamos.
